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Miguel Méndez Rodulfo: Presidencia de Transición II
Como hemos dicho la Transición es un período de reconstrucción que debería durar alrededor de dos años, aunque para otros se extendería a 36 meses. Cuando decimos dos años, lo hacemos porque es difícil que el país aguante más de ese período sin haber realizado la elección del nuevo Presidente (a) Constitucional. Así a quien le toque liderar la transición debe, no solamente tomar medidas muy duras (abatir en seco la hiperinflación, reducir el tamaño del gobierno, reconstruir la infraestructura y redes de los servicios públicos, darle viabilidad financiera a estos servicios, reducir la delincuencia, combatir la corrupción, etc.), sino que debe hacerlo en un tiempo perentorio, lo que demandará claridad de rumbo, programación adecuada, alto sacrificio, dedicación exclusiva y jornadas agotadoras de trabajo, para poder entregar un país reconstituido y saneado sobre el cual el nuevo gobierno pueda acometer sus planes de desarrollo. Así la Transición es también una etapa de estabilización. Sin embargo, si ocurren elecciones inmediatamente después de caída la dictadura, corresponderá al Presidente (a) Constitucional, liderar la Transición.
Es conveniente que al recibir el gobierno se conserve la misma estructura organizativa ya que ello asegura un orden en el posicionamiento del mando; sin embargo, inmediatamente la administración pública nacional debe reorganizarse de manera de reducir el tamaño del gobierno, al pasar de 33 ministerios a 18. Esta reingeniería no solamente disminuye la nómina pública, sino que introduce figuras novedosas y rescata organizaciones subutilizadas: Comisiones Nacionales de Desarrollo, Órganos Reguladores (ambos independientes del ministerio y con autonomía financiera), Corporaciones Regionales de Desarrollo, Autoridades Únicas, Consejos Consultivos, Conurbaciones, Distritos Metropolitanos, Regiones Administrativas por Cuencas Hidrográficas, etc. Aunque es conveniente englobar las áreas: Social, Energía, etc., no hay que perder de vista que las acciones son sectoriales: Salud, Educación, Desarrollo Urbano y Vivienda; Electricidad, Hidrocarburos, etc.
En materia de servicios públicos básicos: agua potable y saneamiento, electricidad, gas, residuos sólidos, telefonía fija, etc., hay que considerar que dado que el Estado venezolano carecerá durante la Transición de los fondos necesarios para recuperar la infraestructura y las redes de distribución, será imperativo asociarse con el capital privado internacional y nacional, mediante la figura de concesiones o del mecanismo de las Asociaciones Público Privadas (APP), para que éste suministre recursos financieros, tecnología y equipos humanos, de manera de lograr una rápida y eficiente recuperación. Lo anterior implica, por supuesto, una sinceración de las tarifas de estos servicios públicos, cuyo incremento gradual pero dinámico, se hará en función de la recuperación del poder adquisitivo del venezolano. Después de una hiperinflación brutal y del colapso de los servicios públicos, el ciudadano ya adquirió conciencia de la importancia de pagar para tener un servicio confiable.
La Transición es muy importante que se planifique y que haya leyes que la apoyen; sin embargo, el aspecto crucial es el recurso humano. Hay que contar con personal muy calificado y de alto nivel, con gran experticia técnica y probidad, cuidando que los oportunistas de siempre no logren colarse para medrar, corromper y desvirtuar este estratégico período de transición. En este sentido y conocida como es la descapitalización que ha sufrido el país de sus mejores técnicos, es menester formular una política de personal que permita el pago de salarios en dólares, el otorgamiento de un seguro médico en moneda dura, la certeza que hay voluntad política inquebrantable para acometer los grandes cambios que el país requiere y el compromiso que las decisiones técnicas serán respetadas y apoyadas, sin interferencias, para lograr que muchos de los venezolanos valiosos que se fueron regresen (la diáspora no va a volver si no confía en los nombramientos de alto nivel). Esta política también aplicaría para los técnicos venezolanos que aún permanecen en el país y para hacer una oferta atractiva a aquellos jubilados que estén en condiciones de aportar sus conocimientos técnicos y tengan la disposición de hacerlo.
